El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocan al gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón y dan inicio a un período nefasto en la historia argentina, conocido como “Proceso de Reorganización Nacional”. Los militares prometían traer nuevamente la prosperidad que se había perdido con el desastre económico, político y social de la gestión peronista, pero sin duda terminaron siendo una mera continuidad del mismo sistema. El presidente de facto, Jorge Rafael Videla, eligió a José Alfredo Martínez de Hoz para desempeñar la tarea de reconstruir la economía. Una tarea que sin duda no logró.
El contexto era sumamente complicado. A nivel global, la crisis del petróleo en 1973 y los continuos shocks en el precio del mismo, por parte de los países miembros de la OPEP (la organización de países exportadores de petróleo), estaban repercutiendo en los principales países desarrollados. La década del 70 se caracterizaba, además, por el comienzo del fin del modelo fordista en Europa y Estados Unidos. La inflación se convertía en un problema cada vez más importante en las principales economías, derrumbándose poco a poco la ortodoxia keynesiana que, hasta entonces, era dominante en el pensamiento económico. A nivel nacional, Argentina gozaba de muy buenos términos de intercambio hacia el año 1973 y 1974 pero la gestión peronista se encargó de destruir cualquier tipo de mesura en el control del déficit fiscal, de la mano del ministro José Ber Gelbard. Hacia 1975 y 1976, el déficit alcanzó niveles históricos (solo superados por la primera gestión de Perón) y la inflación se disparó a partir de lo que se conoce como “el Rodrigazo”. El sobrante monetario en la economía (moneda en circulación que la gente no quería y en la cuál no confiaba) provocó que la inflación se multiplicara por siete en solo un año.
Según el propio Martínez de Hoz, su plan consistía en la aplicación de una serie de lineamientos principales, que servirían como los nuevos pilares de una eventual nueva economía. Estos eran:
· Liberación de los controles de precios
· Eliminación de los controles del tipo de cambio
· Libertad del comercio exterior
· Libertad de exportación
· Libertad de importación
· Liberalización del sector financiero
· Eliminación del control de alquileres
· Actualización de las tarifas de los servicios públicos
· Reducción de los subsidios económicos
· Libertad de contratación sobre la base de pautas mínimas
· Libertad para la inversión extranjera
· Libertad para la transferencia de tecnología (bienes de capital)
En la teoría, el plan económico consistía en los doce puntos mencionados, pero en la práctica, solo se cumplieron parcialmente algunos. El primer punto implicaba la libertad de precios. Los controles de precios siempre fallan porque provocan ineficiencia en el mercado, debido a que los productores ya no tienen incentivos para producir la cantidad de equilibrio y producen menos, generando escasez para los pocos afortunados que logran adquirir los bienes “controlados”. Sin embargo, no hubo un programa real que liberalizara los precios, debido a que la inflación tampoco logró controlarse y se apelaba nuevamente a intentar frenar, sin mayor éxito, los inflados precios. De hecho, el discurso del propio ministro de economía citaba que los empresarios debían “deponer sus pretensiones alcistas”, haciendo referencia al control de precios, en 1977. Se estableció un “acuerdo de 120 días” sobre los precios, que de “acuerdo” tenía muy poco porque el gobierno establecía los límites y los controles sin demasiada negociación. Los controles de alquiles sí fueron reducidos gradualmente, aunque no desaparecieron, y prácticamente no se modificó la legislación regulatoria sobre los mismos (el rol del estado entre los inquilinos y los propietarios). Con respecto a la política contra la inflación, en lugar de dejar de imprimir dinero, se aplicó un esquema de metas de inflación, intentando controlar las expectativas y tratando de aumentar la demanda de dinero. La idea era que, si la demanda de dinero aumenta, dada una oferta constante, el precio del dinero debería subir y la inflación debería bajar. El problema de este plan es que, si el mercado no confía en que la inflación baja a futuro, efectivamente, la demanda de dinero cae y la inflación aumenta. La dictadura recurrió a lo que se conoce como “la plata dulce”, es decir, inyectar más dólares en la economía para que se aprecie el tipo de cambio y se aprecie la moneda. ¿Cómo venían esos dólares? Mediante las altas tasas de interés de los bonos que emitían los bancos estatales (principalmente el Banco Central), lo que generaba una deuda enorme y creciente. Algo muy similar a lo que hoy conocemos como “Lebacs” y “Leliqs”. Las altas tasas de interés desalentaron la inversión en el sector productivo y complementaron la bicicleta financiera hasta que la situación se volvió insostenible. Para manejar las expectativas, la dictadura aplicó un programa conocido como “la tablita cambiaria”. Se devaluaba la moneda a un valor anunciado y se le decía a la gente a cuánto estaría el tipo de cambio nominal (por ejemplo, con el dólar) a futuro. El siguiente gráfico muestra la inflación argentina desde 1976 hasta 1983.
En un principio se observaron resultados muy positivos, pero con el tiempo, el tipo de cambio nominal aumentaba siempre por debajo de la inflación. Esto generó un atraso cambiario impresionante, que abarataba las importaciones y encarecía las exportaciones. El abaratamiento de los productos importados fue especialmente perjudicial para el sector industrial, que no tenía buenas condiciones para competir y debía soportar una gran carga fiscal, así como altos costos laborales. En 1981, la deuda imposibilitaba seguir con el tipo de cambio barato, y Martínez de Hoz dejaba el ministerio de economía en medio de una brutal devaluación. A su vez, la deuda que dejó, se tornó impagable en 1982 y Argentina entró en default, deteriorando su situación aún más. De esta forma, podemos concluir que la liberación de los controles de cambio fue ficticia, pues si bien se sacaron regulaciones, se mantenía un tipo de cambio artificialmente barato (muy por debajo de lo que el mercado libremente hubiera dispuesto). Algo similar a lo que ocurrió en la década kirchnerista, pero sin cepos oficiales. Tampoco se liberalizó el sector financiero, pues las tasas de interés en la economía eran muy superiores a las del mercado, simplemente se retiraron ciertas regulaciones que poco hacían a la situación general de dicho sector.
¿Por qué se recurrió a un esquema que no redujera la emisión de dinero? Pues porque tampoco se abogó por controlar el gasto público y se imprimía dinero para financiar gran parte del mismo, así como el uso de deuda para bajar el costo de la inflación. El gasto público en 1976 alcanzaba el 28.1% del PBI, mientras que Martínez de Hoz deja un 31.3%. Posteriormente, se realiza un ajuste que lo lleva hasta el 26% en 1983, pero no por una baja real del gasto, sino por medio de la devaluación sistemática de la moneda. El gráfico muestra en color negro la evolución del gasto público durante la gestión militar.
Por otro lado, se intentó ahorrar recursos en las empresas deficitarias del estado, mediante la actualización de las tarifas que éstas brindaban a la población y mediante la racionalización de la cantidad de empleados públicos. En lugar de realizar privatizaciones, Martínez de Hoz optó por trabajar en conjunto con inversores extranjeros o empresas privadas locales (empresas contratistas) y mantener las empresas heredadas en poder del estado. Esto le costó a la gente mucho dinero, pues las empresas públicas seguían siendo deficitarias en su mayoría, a pesar de ciertas mejorías en los resultados contables. Se retiraron también los subsidios a ciertos servicios públicos, de forma gradual (algo similar a lo que vemos hoy en el gobierno de Macri). Esta cuestión se tornó un poco difícil al no resolver el problema de la inflación, pues las tarifas nunca paraban de subir al tener que actualizarse siempre a la devaluación.
El gobierno militar fue igual de irresponsable que el gobierno peronista en relación al déficit fiscal, y éste no paró de aumentar. Se dejaron niveles de déficit peores a los heredados en 1976, con más deuda y con prácticamente la misma inflación. Por esta razón, Argentina no pudo afrontar los pagos de la deuda externa en 1982, mientras que otros países como Chile, evitaron el default mediante la responsabilidad fiscal. Incluso se estatizó gran parte de la deuda que empresas privadas habían adquirido hasta 1982, cargando ese peso sobre la espalda de los contribuyentes.
En cuanto al comercio exterior, hay que descartar dos cosas. De este punto, la dictadura solo cumplió con la baja en las retenciones a las exportaciones, hasta 1981, cuando nuevamente volvieron a subirlas. Y si tomamos los datos del autor Julio Berlinski (investigador del Instituto Torcuato Di Tella), podemos ver que la participación de los aranceles en las importaciones incluso aumentó con la gestión de Martínez de Hoz. Posteriormente bajaron hasta 1983, y prácticamente terminaron a un nivel similar al de 1976. La “avalancha de importaciones”, fue un efecto del tipo de cambio excesivamente barato, como ya se dijo anteriormente, y no de una apertura real de la economía. Sí se quitaron aranceles a rubros específicos (como bienes de capital que no se producían en el país) y se retiraron ciertas cuotas o licencias para importar, lo cuál cumple con más libertad para la transferencia de tecnología, aunque parcialmente. En el gráfico se ve la participación de los impuestos al comercio argentino en las exportaciones e importaciones, desde 1910 hasta el año 2000.
En materia laboral, los impuestos al trabajo aumentaron hasta 1979 y luego bajaron fuertemente hasta 1983. Dicho esto, la legislación general permaneció casi intacta, salvo algunas revisiones a ciertos estatutos laborales. El desempleo permaneció en tasas muy bajas (cercanas al 3%) hasta la crisis de 1981 y 1982, cuando se elevó hasta 4.7%. El principal problema que quedó sin resolver fue el empleo informal, que se mantenía en tasas muy altas, alrededor del 35% de la población económicamente activa, llegando a picos de más del 40% con la crisis financiera. En términos generales, la negociación entre empleadores y trabajadores distaba mucho de ser libre como planteaba la propaganda del gobierno, pues el estado intervenía fuertemente en la fijación de paritarias entre los gremios y las cámaras empresariales.
Como se puede concluir, la mayor parte de los objetivos que el propio Martínez de Hoz se propuso, fueron un rotundo fracaso, y la mayor parte de las políticas que se pretendían llevar a cabo, terminaron no aplicándose. La dictadura pretendía cambiar el rumbo de la economía argentina y “reorganizar la nación”, pero lo cierto es que no representó un cambio con respecto a lo que se venía haciendo antes. No encuentro mejores palabras para describir lo que significó el accionar del gobierno militar, que las que pronunciaba Álvaro Alsogaray el 22 de agosto de 1976 en el diario La Prensa:
"Quienes defendemos el pensamiento liberal y la verdadera economía de mercado como la mejor solución para los problemas del país, nos vemos obligados a señalar desde ya que, si por desgracia llegamos a una nueva 'impasse', la culpa no sería de los 'liberales' ni de la 'economía libre', sino del hecho intergiversable de que ni aquellos habrían actuado ni ésta se habría aplicado. Lo destaco porque se intenta convencer a la opinión pública de que es la libertad económica la que está operando, cuando vivimos todavía dentro del más crudo dirigismo".
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